NOTICIAS 3 DE FEBRERO DE 2012

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Boletín de noticias 3 de febrero de 2012

EL TIEMPO

'JUSTICIA HA SIDO PENETRADA POR LOS ENEMIGOS DE COLOMBIA': PLAZAS VEGA

El coronel (r.) Alfonso Plazas Vega afirmó desde su sitio de reclusión y en diálogo con 'La W Radio', que uno de los jueces que lo condenaron debió declararse impedido pues pertenece al Polo Democrático, partido que, según él, está aliado con exmilitantes del M-19, interesados en en responsabilizar a miembros del Ejército por la toma del Palacio de Justicia y su posterior recuperación. "Como no lograron su cometido en ese momento, ahora lo buscan de otras maneras", dijo. (¿Quién es Alfonso Plazas Vega?).

Para el coronel (r.), los exguerrilleros del M-19 "entraron al Palacio para imponer un estado totalitario comunista". Aseguró además que aunque pudo ser cualquiera, a él le correspondió ingresar por la fuerza "con los vehículos blindados". Defendió la decisión de no dialogar con el M-19 en ese momento porque considera que la guerrilla estaba gestando un golpe de estado. "Con esa toma, está evidenciado en las declaraciones y proclamas, iba a ser sometido a un juicio el presidente y tres de sus ministros", agregó.

Plazas cuestionó que los exguerrilleros obtuvieran una amnistía por los hechos ocurridos durante la toma del Palacio, pues afirmó que cometieron crímenes de lesa humanidad al atentar contra la vida de civiles indefensos.

Plazas Vega criticó que en el fallo se le atribuyera ser quien ordenó el operativo de recuperación del Palacio, pues aseguró que solo atendió órdenes tomadas por altos mandos militares y el expresidente Betancur.

"Desafío a que me presenten una prueba que demuestre que desaparecí a Carlos Augusto Rodríguez o a Irma Franco (...) una sentencia no puede hacerse con base en inferencias", puntualizó Plazas.

El coronel puso en duda la existencia de desaparecidos durante la retoma y afirmó que hay personas pagadas para aparecer en manifestaciones como familiares de víctimas de estos hechos.

'Atendí órdenes que venían de una cadena de mando'

Plazas Vega reiteró que la orden de ingresar por la fuerza al Palacio de Justcia la recibió de manos del general Jesús Armando Arias Cabrales (excomandante de la brigada a la que estaba adscrito Plazas), quien, siguiendo una cadena de mando, habría atendido instrucciones dadas por el expresidente Betancur.

"Tarde o temprano se sabrá que no hubo ninguna irregularidad en la actuación del coronel Alfonso Plazas Vega", concluyó el militar retirado.

El polémico fallo

El pasado lunes 30 de enero el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 30 años de cárcel contra Plazas Vega, al encontrarlo como responsable de la desaparición de Franco (guerrillera) y Rodríguez (administrador de la cafetería del Palacio).

El fallo contra Plazas desató una tormenta política tras haber ordenado al Ejército pedir perdón público por las desapariciones en la Plaza de Bolívar y por solicitar que la Corte Penal Internacional (CPI) evalúe si le compete una posible investigación al ex presidente Betancur.

CORTE CUESTIONA CRÍTICAS DE SANTOS A FALLO DE PALACIO DE JUSTICIA

Presidente del alto tribunal dijo que el debate por la sentencia puede poner en riesgo a los jueces.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Javier Zapata, afirmó que el debate que suscitó la sentencia "conduce a despertar pasiones que pueden poner en riesgo la vida e integridad física de los jueces que emitieron la decisión".

Según el magistrado Zapata, la decisión "goza de la presunción de acierto y legalidad, y debe ser acatada y respetada en aras de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial".

También hizo un llamado a las autoridades para que recuerden que la tragedia del Palacio de Justicia "ha sido un punto de referencia durante los últimos 26 años".

Por su parte, el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, calificó de "censurables" las palabras del presidente Juan Manuel Santos, en las que pidió perdón al Ejército y al expresidente Belisario Betancur por el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en el que se ordenaba que los militares pidieran perdón por las desapariciones ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia y que el exmandatario fuera investigado por la Corte Penal Internacional.

"No sé qué estaría pensando el Jefe del Estado; lo bueno es que todos los poderes concurran en que consolide el orden, la paz y la justicia (...) estas declaraciones no contribuyen a la consolidación de estos fines". afirmó Bustos.

En palabras del magistrado, la intervención del Jefe de Estado no le hace bien al país porque estimula "que la sociedad se insubordine contra la justicia".

La sentencia del Tribunal Superior ratificó la condena a 30 años de cárcel contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio.

DELÍRIUM TRÉMENS

Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Los magistrados Pareja y Poveda quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia?

¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.

Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.

Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.

Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.

Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada" (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.

Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

EL ESPECTADOR

'NO EXISTEN LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA': CORONEL PLAZAS

El excomandante de la Escuela de Caballería declaró que fue condenado con "pruebas falsas e inferencias".

SI a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. Enlaces

“La justicia en Colombia ha sido víctima de la infiltración de los enemigos de Colombia”, con esta frase el excomandante de la Escuela de Caballería coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega cuestionó y rechazó el fallo emitido el pasado lunes por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el cual se le confirmó su condena de 30 años de prisión por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Para el coronel Plazas, durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia tomado por el M-19, no tuvo ninguna participación ni responsabilidad en el rescate de los rehenes en el segundo día de la toma, asegurando que su labor allí fue puramente “operacional”.

“Yo estaba en la parte operacional, el coronel Edilberto SánchEl ez Rubiano (comandante del B-2 del Ejército) tenía su centro de operaciones en la casa del Florero a donde eran trasladadas las personas que eran rescatadas. Él (Sánchez Rubiano) era el encargado de hacer los interrogatorios y los registros”, precisó el coronel en entrevista con la W Radio.

Para el excomandante de la Escuela de Caballería, recordado por explicar ante los medios de comunicación el desarrollo de la operación, fue la Escuela de Artillería comandanda por coronel Carlos Fracica la encargada del manejo de los rehenes, por orden del general Jesús Armando Arias Cabrales.

“Con base en el ruido creado por las falsas pruebas, no tuve manejo de rehenes, ni de su identificación y su suerte. Yo no podía ni puedo responder por las actividades de los otros comandantes", aclaró el coronel Plazas Vega señalando que en el primer día de actividades militares, rescató a unas personas del Palacio y las traslado junto a sus hombres a la Casa del Florero, “de ahí no sé nada más”.

"Yo insisto en que no hay desaparecidos. Quien salió con este cuento fue un policía identificado como Ricardo Gamez Mazuera, quien sí participó en la operación, pero no fue hasta muchos años después de eso que me señaló desde Brasil de haber participado en la desaparición de personas”, manifestó el coronel Plaza, haciendo énfasis en que juicio “pude demostrar que está mintiendo y que sus declaraciones no son confiables”.

El militar rechazó vehemente los señalamientos en los que se le vincula de ser el comandante de la operación de recuperación del Palacio, manifestando que la persona encargada de manejar todas las actividades militares era el comandante de la Brigada XIII general (r) Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 añosde prisión)".

"Quién dio la orden de ingresar con los vehiculos blindados fue de general Arias Cabrales, quien las recibió del presidente Belisario Betancur, y él en locución presidencial se hizo responsable de todas las tareas, no asumió las irregularidades, pero si yo hubiera desaparecido a alguien era mi responsabilidad, pero aqui hay una mala intención de condenarme sin pruebas", aclaró en la entrevista radial.

POLO ACUSA A SANTOS DE DESACATAR SENTENCIA JUDICIAL DE PALACIO DE JUSTICIA

Consideran que el presidente desconoce la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá al haber pedido perdón público al expresidente Betancur.

Corte Suprema pide protección para magistrados que fallaron contra Plazas Vega

El Polo Democrático Alternativo acusó este jueves al presidente Juan Manuel Santos de haber desacatado la sentencia judicial alrededor del coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la retoma del Palacio de Justicia.

La presidenta de la colectividad, Clara López Obregón, dijo que cuando un Jefe de Estado pide perdón a nombre de los colombianos por lo ordenado en un fallo judicial, “no está apartándose respetuosamente de él, lo está desacatando”.

La exalcaldesa consideró que la decisión del Jefe de Estado de pedir perdón “es grave para el orden constitucional”.

López manifestó que la posición de respeto que tenemos los colombianos por el exmandatario y los uniformados “no puede dar para desconocer una sentencia judicial”.

El presidente Santos el miércoles, a nombres de los colombianos, pidió perdón al expresidente Betancur y las Fuerzas Militares, frente al fallo del Tribunal Superior de Bogotá de pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al exmandatario.

La idea del Tribunal es determine la posible responsabilidad penal de Betancur en la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia.

A su turno, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, manifestó su "solidaridad" con el exmandatario, y señaló que no comparte la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá, al considerarla inaplicable de la norma cuya vigencia es posterior a los hechos acaecidos.

Además, encuentra razones de competencia fundamentales, que "desconocen" a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que hace que esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá "no se ajuste a la Constitución ni a la Ley".

"Esta posición genera un desafuero contra los otros poderes públicos. Es un lánguido mensaje que afecta la institucionalidad colombiana", sostuvo.

Entre tanto, el exministro Carlos Holguín Sardí dijo que lo tiene "escandalizado" el fallo y sus exigencias.

"Que la propia justicia colombiana salga a decir que debe venir la justicia internacional, me hace reflexionar que la propia justicia colombiana se considera incapaz o más bien lo que quiere es entregar al país", consideró.

MAGISTRADOS CON INTENCIONES DE DISCUTIR REFORMA A LA JUSTICIA

Así se lo han manifestado al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

El Gobierno Nacional confirmó que hay una férrea intención de algunos magistrados de las Altas Cortes de regresar a la mesa de diálogos de la reforma a la justicia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, confirmó que hay algunos magistrados que le han manifestado “el deseo” de volver a conversar sobre la iniciativa.

De hecho, el mismo alto funcionario indicó que ha mantenido conversaciones para poder continuar las deliberaciones alrededor de la iniciativa.

“Nos gustaría mucho que el diálogo alrededor de la reforma a la justicia vuelva a darse con las Cortes (…) estamos abiertos al diálogo deseando que éste tenga lugar”, indicó.

Además, para Esguerra nunca hubo realmente un distanciamiento con las Cortes por el acto legislativo que está en trámite.

“Nadie puede romper un hielo donde no hay hielo (…) aquí solamente se dio que las Cortes decidieron apartarse de la discusión de la reforma”, sostuvo.

El distanciamiento

Desde la aprobación de la reforma, en su tercer de ocho debates (principios de diciembre en la comisión primera de la Cámara), las Cortes se aparataron de la discusión del proyecto. De tal orden han sido los pronunciamientos de las partes, Congreso, Cortes y Gobierno, que se habla de una especie de revancha en contra de la justicia.

En su momento, el Consejo de Estado consideró que era mejor apartarse de la discusión porque el proyecto “no satisface” las necesidades de la rama.

'NO EXISTEN LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA': CORONEL PLAZAS

El excomandante de la Escuela de Caballería declaró que fue condenado con "pruebas falsas e inferencias".

CORTE SUPREMA PIDE PROTECCIÓN PARA MAGISTRADOS QUE FALLARON CONTRA PLAZAS VEGA

Consideró que los tres togados del Tribunal Superior carecen de esquemas de seguridad.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata solicitó al Gobierno Nacional que se le brinden las medidas de seguridad necesarias a los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quienes el pasado lunes emitieron el fallo en el que se ratificó la condena de 30 años de prisión contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia.

Según el magistrado Zapata, debido a la “pasión” que despertó el fallo en la opinión pública y en las diferentes ramas del poder público, se le debe brindar a los magistrados todas las medidas de protección pertinentes puesto que a la fecha se encuentran sin ningún tipo de esquema de seguridad pese a las polémicas declaraciones que ha despertado la trascendental e histórica decisión entre diversos sectores.

“La Corte exhorta a las autoridades competentes, y en especial al Gobierno Nacional, para que brinden la indispensable protección a los magistrados que profirieron el fallo, por cuanto carecen de los respectivos esquemas de seguridad”, precisó el presidente del alto tribunal.

Al tiempo que llamó la atención a todas las autoridades públicas para que recordaran que la "tragedia del Palacio de Justicia ha sido punto de referencia durante los últimos 26 años", así como que el controvertido fallo goza de la presunción de acierto y legalidad por lo que debe ser acatada, en aras de preservar los principio de autonomía e independencia de la Rama Judicial.

En tal sentido, el magistrado recordó que pese a que la sentencia no ha sido ejecutoriada, al ser notificada a las partes que hacen parte del proceso que fue impugnada a través del recurso extraordinario de casación, por lo que a pesar de que la Corte "no puede expresar pronunciamiento alguno al respecto" la determinación fue tomada y está ajustada con total apego a la ley y al derecho.

FISCAL PIDE INVESTIGAR SUERTE DE LOS NUEVE DESAPARECIDOS DEL PALACIO

Aseguró que la Fiscalía sí ha investigado los hechos relacionados con el Palacio de Justicia.

La fiscal General, Viviane Morales, manifestó que lo único que puede hacer la Fiscalía después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, es reanudar las investigaciones sobre los nueve desaparecidos del Palacio de Justicia, los cuales según la sentencia no están totalmente comprobados.

Ante esto hizo un llamado a los familiares de los seis trabajadores de la cafetería y los tres visitantes ocasionales quienes habrían salido con vida del Palacio de Justicia y nunca más se supo más de ellos, para que no pierdan la esperanza y confíen en que los organismos judiciales en Colombia van a investigar a fondo esos casos.

“Vamos a reanudar las investigaciones por los otros nueve desaparecidos, los cuales según el Tribunal Superior de Bogotá no ha quedado lo suficientemente probado”, precisó la Fiscal General en entrevista con la F.M.

Sobre las otras consideraciones del fallo por los hechos del Palacio de Justicia, la jefe del ente investigador aclaró que la Corte Penal Internacional (CPI) solamente puede intervenir en un caso relacionado con Colombia cuando se compruebe que las autoridades nacionales “no quieren o no pueden investigar”, algo que, según Morales Hoyos, no ha ocurrido en el caso del Palacio de Justicia.

“(La CPI) no tiene la competencia para actuar en este caso, pues es subsidiaria y solamente puede entrar cuando se compruebe que el Estado no quiere o no puede investigar”, aclaró Morales Hoyos.

Por último prefirió no entrar en polémicas frente a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y sus cuestionamientos a las consideraciones de fondo del fallo del Tribunal Superior.

IRRESPETO A LA JUSTICIA

Por: Yesid Reyes Alvarado

Uno de los pilares fundamentales del estado democrático de derecho es la judicatura; quien se precie de defender la democracia, debe respetarla tanto como a los funcionarios que la encarnan, no solo actuando en forma tal que no se ponga en peligro su integridad física, sino acatando sus pronunciamientos.

Cuando un ministro de Justicia descalifica públicamente una sentencia, abandona el lugar que le corresponde y se inmiscuye en un ámbito que no le pertenece: el de la calificación jurídica de las conductas. Esa es la esencia de la separación que debe existir entre las ramas del poder público. Pero además, con esa actitud envía un peligroso mensaje negativo a la sociedad; con su ejemplo muestra que el único camino para controvertir la validez de esos fallos no son los tribunales, como debe serlo en un estado de derecho, sino también la censura pública. ¿Qué autoridad tiene un gobierno para exigir a sus ciudadanos que respeten las decisiones judiciales si de cara a ellos desautoriza las que no comparte? Veo difícil que un ministro de Justicia que deslegitima en los medios el trabajo de los jueces, pueda ser el interlocutor que necesitan en el Ejecutivo.

No menos censurable es el gesto del presidente Santos al excusarse con las fuerzas militares y el expresidente Betancur por el fallo judicial; qué pronto olvidó sus sentidas palabras en la sede de la Corte Suprema de Justicia al cumplirse 25 años del holocausto, cuando prometió ante los familiares de los desaparecidos que se juzgaría y sancionaría a los responsables de esos delitos. No dijo entonces que la validez de esas investigaciones judiciales dependería del aval que les diera el Ejecutivo; por el contrario, sus afirmaciones hacían pensar que respetaba la autonomía e independencia de la rama judicial.

Desconcertantes son también algunas aseveraciones editoriales con las que se deforma la realidad al señalar, por ejemplo, que se está exigiendo “al Ejército que haga un acto de contrición pública por una toma de inspiración guerrillera”, atribuyendo a los magistrados el deseo de humillar a los militares. La manifestación de arrepentimiento que indica la sentencia no es por la toma guerrillera, cuyo responsable fue el M-19. Es por los excesos que se cometieron por parte de algunos miembros (no de la totalidad) de la fuerza pública en desarrollo de los operativos para recuperar el edificio de la Corte.

No deja de resultar curioso que mientras desde el Gobierno y los editoriales se lanzan frases desobligantes hacia los magistrados que confirmaron en segunda instancia la sentencia contra el coronel Plazas Vega, el propio expresidente Betancur haya reaccionado frente a la posibilidad de ser investigado por la Corte Penal Internacional como se esperaría de todo individuo respetuoso de las instituciones. Reafirmó su voluntad de acatar las decisiones judiciales y reiteró su disposición a atender los requerimientos de las autoridades competentes. Lo hace a sabiendas de que ante ellos puede exponer sus opiniones y siendo consciente de que al final de una investigación puede resultar absuelto o condenado, como cualquier otro ciudadano. Cosas de la democracia, maestro.

EL NUEVO SIGLO

“UNO DE LOS JUECES DEBIÓ DECLARARSE IMPEDIDO, PUES PERTENECE AL POLO”

Porque uno de los jueces que condenaron a el coronel, Alfonso Plazas Vega, es del Polo Democrático y este partido “esta aliado con ex militantes del M-19”, debió declararse impedido.

Así lo afirmó en una entrevista a “LA W Radio” el coronel Plazas Vega, por la desición de los Magistrados que ratificaron su condena a 30 años por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia.

Plazas afirma que “los ex guerrilleros del M-19 "entraron al Palacio para imponer un estado totalitario comunista y aunque pudo ser cualquiera, a él le correspondió ingresar por la fuerza”

El coronel Plazas cuestionó que “los ex guerrilleros obtuvieran una amnistía por los hechos ocurridos durante la toma del Palacio, porque cometieron crímenes de lesa humanidad al atentar contra la vida de civiles indefensos”.

ESGUERRA Y VARGAS SÍ SON VOCEROS DEL GOBIERNO

Los Ministros del Interior y de Justicia son interlocutores autorizados ante las altas Cortes, dijo ayer el jefe de esta última cartera Juan Carlos Esguerra, en referencia al proceso de diálogo para que los Tribunales retornen a las conversaciones sobre el proyecto de reforma judicial que cursa en el Congreso.

De esta forma Esguerra respondió a las declaraciones que el domingo anterior dio al periódico El Espectador el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos.

“La definición de quiénes son los interlocutores está establecida en las leyes de la Constitución y lo que ordena el Gobierno”, apuntilló el ministro Esguerra.

Añadió que él ya ha conversado sobre el tema con varios magistrados, quienes según el Ministro le han manifestado su disposición de volver a la discusión sobre la reforma a la Justicia.

En sus declaraciones del domingo pasado, ante la pregunta sobre cuál es mejor interlocutor ante las Corte entre el ministro del Interior Germán Vargas y el de Justicia, el magistrado Bustos respondió que “ninguno de los dos. Creí que el Ministro de Justicia, como lo ha pedido la Corte Suprema o por lo menos lo había sugerido, iba a ser un interlocutor entre la Justicia y el Gobierno, pero encuentro que no sólo no lo ha sido, sino que se ha opuesto a las aspiraciones y sugerencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. De pronto tuvo razón la Corte cuando no lo designó Fiscal General de la Nación”.

Incluso el magistrado Bustos propuso que el presidente Santos sea el interlocutor con las Cortes para liderar una reforma a la Justicia. “Creo que el Presidente, quien goza de un respaldo muy importante en el Congreso, debe liderar una reforma que realmente consulte los graves problemas de la Justicia colombiana. Si en este momento ha existido un apartamiento del proceso legislativo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, esos serían fuertes motivos para que el Gobierno pensara en qué esta mal y cómo se puede corregir”.

Las declaraciones del Ministro de Justicia dejan en claro que, si bien aún no hay un diálogo a nivel institucional del Gobierno con las Cortes, el Ejecutivo sí ha promovido diálogos, en cabeza del ministro Esguerra, por separado con algunos de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, los cuales se apartaron del proyecto por considerar que no resuelve los problemas de la Justicia.

Tres situaciones podrían explicar porqué el Gobierno ha preferido el diálogo cara a cara con algunos magistrados y no uno institucional: en primer lugar, no se ha dado la oportunidad de ese diálogo institucional porque las Cortes se levantaron de la mesa de diálogo (el Consejo de Estado el 23 de noviembre y la Corte Suprema el 6 de diciembre pasados) y pocos días después salieron a vacancia judicial, que se extendió hasta el pasado 15 de enero. Igualmente, tras regresar a labores la Rama Judicial, los altos Tribunales iniciaron un proceso de elección de nuevos presidentes para el año 2012, el cual ya adelantaron la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En tercer lugar, los presidentes de las Cortes tienen el carácter de voceros pero las decisiones las toman los magistrados por votación. Eso explicaría el ‘lobby’, si se puede llamar así, del Gobierno con algunos magistrados para propiciar la vuelta de los altos Tribunales a la discusión de la reforma.

En esas condiciones se espera que en los próximos días el Gobierno nacional convoque a Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, y a Javier Zapata, de la Corte Suprema de Justicia, para solicitarles formalmente que estos Tribunales sigan participando en la discusión de esta iniciativa, que arranca su quinto debate en marzo próximo en la Comisión Primera de Senado.

Igualmente vale recordar que el miércoles anterior el magistrado Zapata dejó abierta la puerta sobre la disposición de la Corte Suprema de volver al diálogo, posición de la que no se apartó el magistrado Gómez en cuanto al Consejo de Estado.

Mediación del Senado

Al tiempo que el Gobierno ha adelantado un ‘lobby’ para propiciar que las Cortes retornen a la discusión del proyecto, senadores de la Comisión Primera como Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) y Jesús Ignacio García (Partido Liberal) ya habían establecido puentes de comunicación con los anteriores presidentes de los Tribunales.

En ese sentido el presidente de la Comisión Primera de Senado Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) dijo que “hablé varias veces con el pasado presidente de la Corte Suprema y el pasado presidente del Consejo de Estado, y vi una tónica interesante, y obviamente yo volveré a comunicarme con el nuevo presidente de la Corte y el nuevo presidente del Consejo de Estado. Una reforma a la Justicia hay que intentar hacerla con la Justicia y no contra la Justicia”.

REVISTA SEMANA

A MÍ ME CONDENÓ EL M-19": PLAZAS VEGA

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega se defendió por sus actuaciones en la retoma del Palacio de Justicia y se declaró desconcertado con la ratificación de su condena. Señaló que “de ningún modo el ejército debe pedir perdón” y pidió respeto para el expresidente Betancur.

En entrevista con La Noche y La FM, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega volvió a defender su actuación en la retoma del Palacio de Justicia y aseguró que quedó “desconcertado” con la ratificación de su condena, pues, insistió, él solo se limitó a salvar la vida y la honra de los colombianos.

“Tenía la esperanza de que los magistrados no se dejarán influenciar por una cantidad de piezas procesales torcidas que he denunciado desde hace mucho tiempo y que están en investigación. Pero agradezco la solidaridad nacional con el coronel Plazas Vega y el expresidente Betancur. Soy un convencido de la democracia”, declaró.

El coronel en retiro agregó que el magistrado de Tribunal Superior de Bogotá Alberto Poveda debió haberse declarado impedido, pues pertenece al Polo Democrático y en ese partido militan exintegrantes del M-19.

“El magistrado Alberto Poveda Perdomo es del Polo Democrático, todo el mundo sabe que el Polo fue constituido por exmiembros del M-19, al pertenecer el magistrado Poveda al Polo una entidad política a la que pertenece el M-19 debió declararse impedido”, dijo.

Señaló que “el poder no se lo deben dar a los delincuentes perdonados” y agregó que “los delincuentes de esa época tienen ahora cargos públicos. A mí me condenó el M-19”.

Plazas Vega pidió respeto para el expresidente Belisario Betancur y dijo que “es inaceptable” la solicitud para que la Corte Penal Internacional lo investigue. “Pido que respeten la figura del Jefe del Estado. Es un atropello contra el expresidente Batancur”.

El coronel retirado aseguró que el fallo le baja la moral a la tropa, pues “piensan si el coronel Plazas fue condenado qué les espera a los demás militares procesados”.

Plazas Vega también dijo que “de ningún modo las Fuerzas Militares deben pedir perdón, parece que nos estuvieran juzgando como si no fuéramos colombianos, están diciendo que los militares colombianos son unos criminales”.

Por último, el coronel (r) les pidió a los colombianos que no se dejen engañar, “porque las víctimas están siendo engañadas por los asesinos de sus familias, yo no soy un asesino, yo no maté a sus familiares, yo llegué con mis tropas a enfrentar gente”.

"QUE SANTOS HAYA PEDIDO PERDÓN A BELISARIO Y AL EJÉRCITO ES UN DESACATO"

El presidente Juan Manuel Santos se pronunció frente a un fallo judicial, el que exhortó a la CPI a investigar a Belisario Betancur y al Ejército a pedir perdón por el holocausto del Palacio de Justicia.

Dicen miembros de la oposición y representantes de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Sectores políticos cercanos al gobierno agudizan sus críticas al fallo que exhorta la intervención de la CPI y que obliga al Ejército a pedir perdón.

Juan Manuel Santos profundizó la polémica del fallo que condenó al coronel Plazas Vega por desaparición forzada en los operativos de retoma del Palacio de Justicia. Y lo hizo al pedirle público perdón al expresidente Belisario Betancur y a la institución del Ejército.

Todo porque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá pide que la Corte Penal Internacional investigue presuntas responsabilidades del presidente del gobierno de entonces, Belisario Betancur, y ordena al Ejército colombiano, como institución, pedir perdón a las víctimas del holocausto.

“... que a estas alturas pidan que una corte internacional lo juzgue (al expresidente Betancur) por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza. (...) Y por eso más bien le pido al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, dijo Santos este miércoles en un discurso público .

Y dirigiéndose a la institución del Ejército, Santos reconoció que “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota publica a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.

El discurso de Santos motivó una inmediata reacción del poder judicial. El magistrado Néstor Raúl Correa, rechazó las “críticas de Santos” al señalar que “se trata de una sentencia de un tribunal de la República, que debe ser acatada sin reparos”. Los jueces, agregó, “no pretenden ofender a nadie sino que aspiran a administrar justicia”.

“Desconocimiento a la justicia internacional”: víctimas

El perdón público de Santos fue asumido por dirigentes políticos de oposición y representantes de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia como un claro desacato a las decisiones judiciales.

“El perdón de quien es jefe del Estado, la máxima investidura del país, el máximo comandante de las Fuerzas Militares, es un mensaje negativo que envía a la comunidad nacional e internacional. Es un claro desconocimiento a la sentencia de un tribunal, al que la constitución le garantiza su independencia”, fue la primera reacción de Rafael Barrios, abogado del colectivo José Alvear Restrepo, y quien durante dos décadas ha defendido la causa de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Barrios, además, considera que las palabras de Santos también significan la inmunidad a favor de un presidente de la República (Belisario Betancur) y el desconocimiento de sentencias de la justicia internacional, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en once casos en los que ha condenado al Estado colombiano ha pedido como medida reparación el perdón a las víctimas.

“El presidente se pone en contradicción con la justicia internacional. Su discurso es de doble moral, porque dice que acata los fallos, pero en sus palabras los desconoce”, considera Barrios.

“Presión a la justicia”: oposición

Para el senador Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo), las palabras de Santos deben ser asumidas como una “injerencia indebida” en las “decisiones autónomas de los jueces de la República”.

Y aunque Santos haya dicho, desde el momento de su posesión (agosto de 2010), que no controvertiría las decisiones judiciales, Robledo considera que durante su gobierno la actitud ha sido otra: “no ha habido un solo fallo de los jueces a los que Santos no les haya dedicado alguna afirmación. Ha continuado la misma actitud del gobierno anterior, aunque con otras maneras, con otra ropa”.

Germán Navas Talero, representante a la Cámara (Polo Democrático Alternativo) dice que pedir perdón al expresidente Betancur y al Ejército es un “claro desacatamiento a una sentencia”.

El presidente o el gobierno, dijo Navas, puede controvertir un fallo judicial, pero mediante los recursos que establezca la ley. En el caso de este fallo, se admite el de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Si no están de acuerdo, que interpongan los recursos. Pero esos pronunciamientos lo único que hacen es desubicar a la ciudadanía”.

Navas también considera que Santos demuestra que “no conoce” los alcances del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pues considera que la sentencia “no está condenando al Ejército, sino a un oficial que se excedió en el cumplimiento de un mandato constitucional, y en el que sugiere que un presidente de la República no estuvo a la altura, y por pasividad, permitió que miembros del Ejército cometieran algunos desmanes” .

“Efectos de un fallo politizado”: partido de gobierno

Roy Barreras, senador y codirector del partido de gobierno, ‘la U’, consideró que un tribunal puede proferir un fallo “justo e injusto”, y que para controvertirlo “hay apelación”. Pero consideró que un tribunal no puede proferir un fallo “politizado y sesgado” en el que “humille” al Ejército, al calificar como un “adefesio” que sea el Ejército “y no el terrorismo del M-19” el que tenga que pedir perdón por los hechos del Palacio de Justicia.

“Si en los hechos dolorosos del Palacio de Justicia hay una herida que debe subsanarse, las guerrillas fueron torpes e incendiarias, y si en algún momento de la retoma la Fuerza Pública cometió excesos, hay que decir que también los operadores judiciales de este Tribunal han cometido un exceso inaceptable rompiendo la individualidad de la pena y pretendiendo humillar a todo el Ejército de Colombia”, dice Barreras.

El senador de la U consideró que fallos como el del Tribunal Superior de Bogotá “ponen en duda a todo el sistema judicial”, pues apelar ante la Corte Penal Internacional, “sin jurisdicción ni competencia” es motivo suficiente para decir que “infortunadamente, los operadores judiciales cometen excesos cuando se trata de juzgar a la Fuerza Pública”.

Y mientras las posturas son encontradas, lo único cierto es que el caso de Plazas Vega pasará a la historia, no solo por ser el del oficial de mayor rango condenado por los excesos en un operativo contra una acción insurgente, sino también como el que motivó el pronunciamiento de dos presidentes de la República.

En junio de 2010, Álvaro Uribe dijo que la condena a Plazas Vega era “dolorosa y daba tristeza” por tratarse contra “un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber”. Santos fue más allá y pidió perdón al Ejército por un fallo judicial.

La controversia seguramente no tendrá punto final. Aún falta la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues la defensa de Plazas Vega y la Procuraduría anunciaron ese recurso.

CMI

LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTUDIARÁ TATE QUIETO A LAS PENSIONES DE PARLAMENTARIOS Y MAGISTRADOS

¡Óiganme esto! El país se escandalizó hace un par de días con las denuncias sobre el llamado carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura. Pues bien: la Corte Constitucional parece decidida a ponerles freno.

Esta es la historia: la Ley 4.a del año 92, en su artículo 17, estableció un régimen especial para las pensiones de parlamentarios y magistrados, basado en que el valor que se reconocería sería igual al último sueldo devengado. De ahí surgen pensiones archimillonarias, de nombramientos por un mes para multiplicar sus sueldos.

Una nueva ley estableció que las pensiones deben ser equilibradas y sostenibles... y la vieja norma fue demandada ante la Corte Constitucional.

La Corte comenzó su estudio y, obviamente, Gobierno, Parlamento y magistrados están en ascuas.

Varios de los magistrados de la Corte Constitucional se declararon impedidos; solo a uno se le aceptó: a Luis Ernesto Vargas. Los otros fueron habilitados.

La Corte espera fallar la próxima semana y muchos aspiran a que termine así el carrusel de las pensiones de parlamentarios y magistrados.

CARACOL RADIO

ACUSACIÓN CONTRA PROMOTORES DE REFERENDO CUMPLIRÁ UN AÑO SIN PODER REALIZARSE

En medio de múltiples dilaciones por parte de los abogados, hoy un juez de Conocimiento de Bogotá intentará llevar a cabo, por sexta ocasión, la audiencia en la que se acusará a los nueve promotores del referendo reeleccionista, encabezados por el ex congresista Luis Guillermo Giraldo, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La primera vez que se intentó instalar esta audiencia pública fue el 22 de febrero de 2011, sin embargo la imputación se cumplió desde junio de 2010. A partir de esa fecha, inasistencias de los abogados, presentación de recursos, preacuerdos fallidos, modificación de acusaciones y hasta un paro judicial, han impedido que avance este proceso penal que se convirtió en uno de los más emblemáticos de los últimos años.

Entre las irregularidades que detectó la Fiscalía para llevar a juicio a los promotores de este referendo que pretendía la reelección del ex presidente Álvaro Uribe, se encuentran la supuesta alteración de un documento emitido por la Registraduría, en el que se avalaba la cantidad de firmas recolectadas para que pasara la iniciativa, así como el gasto de más de 2.000 millones, superando casi en seis veces el valor autorizado por el Consejo Nacional Electoral, estipulado en 335 millones.

Junto a Giraldo, también serán acusados Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Antonio Dáger Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Cock, Gediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa. En caso de no cumplirse la diligencia judicial por una nueva dilación de la defensa, el juez del caso compulsará copias para que el Consejo Superior de la Judicatura abra una investigación disciplinaria a los abogados.